A simple vista, las naves abandonadas parecen parte del paisaje. Un casco oxidado en una isla, un velero varado en la playa o una embarcación cubierta por algas evocan historias que pocas veces conocemos y que terminan atrapadas en el olvido. Sin embargo, detrás de estas estructuras inmóviles existe una problemática global que crece silenciosamente en los mares del mundo. El aumento sostenido de las actividades de navegación y de la expansión de los desarrollos costeros, ha contribuido a la acumulación de naves abandonadas, desmanteladas, inservibles o naufragadas en zonas marino-costeras e insulares. Esta situación, ampliamente documentada en estudios, evidencia cómo la falta de gestión sobre las naves al final de su vida útil se traduce en impactos ambientales, sociales y operacionales (Antonini, Ryder, & Garretson, 1989; Geraghty, Graham-Jones, Pemberton, & Summerscales, 2025).

A nivel internacional, la gestión de naves abandonadas se encuentra respaldada por diversos instrumentos normativos que buscan prevenir impactos ambientales y garantizar la seguridad marítima. Entre ellos se destacan el Convenio y Protocolo de Londres, orientado a controlar el vertimiento deliberado de buques; el Convenio de Nairobi, que establece obligaciones para la remoción de restos náufragos; el Convenio de Hong Kong, que define directrices para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de buques al final de su vida útil; y el Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos presentes en naves destinadas al desguace. Estos instrumentos reflejan la necesidad de una gestión integral del ciclo de vida de las naves para minimizar riesgos ambientales, sociales y operativos.

Sin embargo, siguen existiendo múltiples factores que favorecen la aparición de nuevas naves en estado de abandono. Entre las causas más comunes identificadas por estudios realizados en Australia, Estados Unidos, Canadá y Nigeria se encuentran los altos costos asociados a la disposición final y al desmantelamiento al término de su vida útil, así como la limitada disponibilidad de instalaciones adecuadas para su recepción, reciclaje o eliminación segura. A ello se suma la obsolescencia de naves pequeñas y de recreo, que con frecuencia son abandonadas en playas, marinas o zonas de manglar cuando dejan de ser funcionales o su reparación resulta poco rentable. Asimismo, algunas naves son utilizadas en actividades ilícitas o como soluciones temporales de alojamiento y posteriormente abandonadas. Otros casos están relacionados con daños ocasionados por tormentas, huracanes, colisiones o encallamientos, donde los propietarios optan por no recuperarlas debido a los elevados costos involucrados. También existen situaciones derivadas de disputas sobre la propiedad, herencias o procesos de incautación, que pueden dejar las naves sin mantenimiento durante largos periodos. Finalmente, la falta de marcos normativos robustos o la limitada aplicación de la regulación vigente en algunas regiones.

La remoción de estas naves implica retos técnicos y financieros considerables, especialmente cuando no es posible identificar a los propietarios o exigirles responsabilidades y en muchos casos, los costos de su extracción y disposición terminan recayendo sobre entidades públicas (TransportCanada, 2012).

Es por ello que, en Colombia, esta problemática ha comenzado a ganar visibilidad. Durante los últimos años, la Dirección General Marítima, autoridad marítima colombiana, ha liderado esfuerzos para caracterizar estas naves en distintas zonas del país, mediante la construcción de inventarios, el desarrollo de herramientas de análisis y la articulación con diversas entidades. Este trabajo ha permitido avanzar en la remoción de naves y, al mismo tiempo, comprender mejor la magnitud del problema. Más allá de retirar estructuras abandonadas, el propósito ha sido sentar bases para una gestión organizada y preventiva, evitando que nuevas naves pasen a formar parte de este silencioso paisaje marino.

Se realizó inicialmente una prueba piloto en San Andrés con el propósito de validar un modelo de identificación, caracterización y priorización de naves abandonadas, mediante inventarios y la aplicación de una matriz de impactos. Posteriormente, la metodología fue implementada en Cartagena, permitiendo evaluar su aplicabilidad en un contexto con mayor actividad portuaria, industrial y comercial. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que permitieron validar las herramientas de diagnóstico y priorización, fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional y generar insumos técnicos para la planeación de intervenciones. Asimismo, la experiencia acumulada en estos dos puertos ha permitido consolidar un modelo metodológico con potencial de aplicación nacional.

Las acciones siguientes exigen fortalecer la gestión interadministrativa, la cual resulta fundamental para clarificar competencias, optimizar recursos, asegurar la trazabilidad jurídica de las naves y facilitar la toma de decisiones frente a casos priorizados. Además, se debe pensar en la implementación de un plan de acción nacional que integre de manera coherente los componentes de gobernanza y marco legal, prevención de abandono, planificación del ciclo de vida de las naves y gestión de materiales complejos, en particular la fibra de vidrio, fortalecimiento de los sistemas de registro y trazabilidad, promoción de la investigación aplicada, estrategias de divulgación pública y esquemas de financiamiento sostenibles.