LA NECESIDAD DE INCORPORAR LA SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA DENTRO DE LAS POLITICAS DE ESTADO
Sin duda alguna la oportunidad para que se materialice el comercio exterior es gracias al transporte marítimo, al movimiento portuario y a los acuerdos internacionales que desarrollan el libre comercio, sin embargo, es importante estar conscientes que logramos que el comercio se desarrolle, gracias a las condiciones de seguridad que presenten las vías marítimas.
El famoso concepto tan tratado dentro de los expertos del sector marítimo como “interfaz buque – puerto” es mucho más que el trayecto en donde el buque hace los arreglos necesarios para llegar y dejar mercancías, dejar y recoger turistas, etc., más aún, es ese trayecto en donde el Estado Ribereño debe prestar unos servicios esenciales en pro de la seguridad marítima.
Esta seguridad, que a medida que pasan los años, y que se perfeccionan los instrumentos internacionales vamos captando como seguridad integral marítima, lo podemos resumir de manera no exhaustiva, como ese conjunto de normas, buenas prácticas, procedimientos y exigencias relativas a las comunicaciones marítimas, esquemas de búsqueda y rescate, las ayudas a la navegación, la protección del medio marino, la idoneidad de la gente de mar, las cartas náuticas, y en general, todos aquellos requerimientos para la seguridad operacional de los buques, en donde el estado no solo lo traduce en gestiones, instituciones y ejercicios de autoridad, sino también en recursos para la infraestructura para la seguridad marítima.
Es en este sentido, que se hace valioso reflexionar si los estados, y en especial los de América Latina, realizan estas actividades soportadas en recursos que hacen parte de una planeación e inversión programada, de una planeación estratégica y estructurada para su desarrollo marítimo y una determinación de decisiones políticas y financieras para robustecer la presencia y ejercicio del estado en su autoridad y prestación de servicios como Estado Ribereño.

El comercio significa desarrollo, bienestar, y éste no puede leerse sin pensar en la seguridad. El cumplimiento de estándares internacionales debe ir acompañado de institucionalidad fortalecida, proyecciones a largo plazo, gestión del conocimiento y proyectos de inversión que garanticen que los países brinden de manera sostenida seguridad a las embarcaciones y se logre una interfaz buque puerto, valga la redundancia, segura.
Pero esta garantía debe partir de una conciencia marítima de los estados para incorporar en sus planeaciones de inversión y finanzas, rubros para que las instituciones logren llegar a buen término proyectos con productos que aseguren la mencionada seguridad integral marítima. Podemos en Latinoamérica contar con un buen número de aprobación de convenios internacionales marítimos, autoridades públicas con numeroso y valioso factor humano, que conozca de los procesos y procedimientos para implantar de manera efectiva los instrumentos legales internacionales y nacionales, pero todo esto debería ser apalancado por políticas públicas y de desarrollo a largo plazo de los estados, que incorporen el concepto de seguridad integral marítima garantizando que estas gestiones se pueden realizar de manera cabal. Sin embargo, el lograr llegar a instancias estatales y de lineamientos públicos, solo se logra cuando encontramos una conciencia y conocimiento real de lo marítimo en las altas esferas del estado, que identifiquen y tengan claridad que lograr el comercio y el desarrollo es vital, pero la ecuación perfecta siempre debe ir de la mano de la seguridad.
Tenemos pues como responsabilidad dentro de las Autoridades Marítimas y como conocedores de estos temas, la apremiante responsabilidad de generar esta conciencia y no escatimar esfuerzos por enseñar, hacer comprender y demostrar que el bienestar no se logra sin seguridad, y que los temas que nos reúnen deben escalar las más altas instancias del estado y sus políticas.